Embajada de la República Argentina en República Francesa

 

Impacto del Plan Nacional contra la Discriminación

 Impacto del Plan Nacional contra la Discriminación

 

I. El período de afianzamiento de las instituciones democráticas y vigencia de las garantías constitucionales, luego de la dictadura militar de 1976-1983, fue el contexto en que se sancionó la primera ley específica en materia antidiscriminatoria: la Ley 23.592 sobre Actos discriminatorios. Ésta garantiza el derecho de los habitantes de nuestro país a vivir en una sociedad plural y en igualdad, en sentido acorde a los principios de la Constitución Nacional, y sanciona los actos discriminatorios que se motiven en causas religiosas, raciales, de nacionalidad, ideológicas, de sexo, de opinión política o gremial o en razones económicas, sociales o físicas. La sanción de esta ley inaugura propiamente la problemática de la discriminación en Argentina, ya que implica el reconocimiento y la obligación del Estado de tener que dar respuestas a determinadas prácticas discriminatorias.

En el año 1995, mediante la Ley Nº 24.515, el Estado argentino crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como organismo descentralizado. Este organismo comenzó sus tareas en el año 1997 y, desde el mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial Nº 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En octubre de 2001, la Argentina asumió su compromiso de preparar un Plan Nacional contra la Discriminación, cuyos objetivos coincidirían con la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia de Durban, realizado el mismo año. Posteriormente, en marzo de 2004 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaron y adoptaron el Proyecto ARG/02/024 titulado Plan Nacional contra la Discriminación . Sobre dichas bases se iniciaron las actividades para la elaboración del documento titulado "Hacia Un Plan Nacional Contra La Discriminación-La Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas", que incluyeron una gran convocatoria nacional de distintos sectores de la sociedad civil, grupos vulnerabilizados, universidades nacionales, comisiones parlamentarias con competencia en esta materia y las áreas de gobierno involucradas. Como corolario de este proceso, el Decreto 1086 del 27 de septiembre del 2005 plasmó normativamente la voluntad política de constituir una política antidiscriminatoria nacional integral, con la aprobación del documento Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación y encomendando al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la tarea de coordinar la ejecución de las propuestas allí diseñadas.

 

II. El compromiso asumido desde el 2005 por el Estado Nacional, a través del INADI, se encamina a la reparación de la deuda social con grandes sectores de la población, históricamente vulnerabilizados y estigmatizados, por la plena vigencia y ampliación de sus derechos. En este nuevo marco reparador, la Argentina asume el horizonte de combatir la discriminación en todas sus formas, tanto a partir de los avances legales e institucionales como a través de la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorias concretas que sostengan y efectivicen las transformaciones en la sociedad.

Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.

El INADI tiene facultades para recibir denuncias, investigar, realizar campañas y apoyar a las víctimas en cuestiones relacionadas con toda forma de discriminación. A su vez, lleva adelante programas que apuntan a la visibilización y reivindicación de los derechos de los grupos históricamente marginalizados de Argentina. El Instituto cuenta con delegaciones en todas las provincias.

 

III. Impactos y debates socio culturales

La lucha contra la discriminación tiene el desafío de avanzar, a la par de los pasos legislativos y las políticas, en el terreno del cambio cultural que demanda la modificación de prácticas, actitudes y conductas estigmatizantes y discriminatorias, extendidas ampliamente en vastos sectores de la sociedad.

En los últimos años, y particularmente desde la aprobación en 2005 del Plan Nacional contra la Discriminación , se ha registrado una creciente instalación pública de la temática de la discriminación, así como de la referencia institucional del INADI como organismo ligado a su discusión social y la necesidad de combatirla. De acuerdo a los Mapas Provinciales de la Discriminación en Argentina (que estudian las percepciones, representaciones y experiencias sobre la discriminación), elaborados en el año 2008 por el INADI, más del 80% de los/as encuestados/as en cada una de las 24 provincias considera que se discrimina mucho o bastante en nuestro país.

Asimismo, una cifra similar de encuestados/as dice otorgarle un nivel de importancia alto o mediano al tema de la discriminación en relación otras problemáticas. En cuanto a la percepción sobre los sectores vulnerables que sufren mayor discriminación, se reconoce entre los primeros, a los migrantes bolivianos, los sectores socioeconómicos desfavorecidos, las personas con sobrepeso/obesidad y -previo a la Ley de Matrimonio Igualitario- a los gays, lesbianas y travestis. Por otra parte, se reconocen como los ámbitos donde se ejerce mayor discriminación a la escuela, los boliches bailables, las empresas y los comercios y shoppings.

Cabe destacar que el INADI se encuentra elaborando, durante el año 2012, una nueva versión de los Mapas de la Discriminación , atendiendo a la necesidad de estudiar los impactos públicos de un conjunto de medidas importantes realizadas en materia antidiscriminatoria en los últimos años.

En este sentido, tanto en los medios de comunicación como los ámbitos de discusión académica, ha comenzado a tener un mayor espacio el abordaje de problemáticas vinculadas a las prácticas discriminatorias, de la mano de un mayor impulso, desde el Estado Nacional y el INADI en particular, de campañas educativas y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas. Siguiendo esos objetivos, el INADI organiza y auspicia numerosos eventos institucionales, académicos, deportivos, culturales y sociales para informar y prevenir prácticas discriminatorias, promoviendo la participación ciudadana en la transformación cultural y social necesaria para combatir la discriminación.

Por otra parte, se han multiplicado las instancias específicas (con la creación de comisiones, secretarías, coordinaciones, foros, etc.) que comprenden la temática de la discriminación tanto en organismos públicos como en diversas instituciones de la sociedad civil (sindicatos, cámaras, asociaciones, fundaciones, etc.) y en empresas del sector privado.

Es fundamental señalar que a nivel de los movimientos de la sociedad civil, distintas expresiones de diversos ámbitos sociales se han organizado en defensa de sus derechos en clave antidiscriminatoria. En ciertas ocasiones, como ha ocurrido paradigmáticamente con la sanción legislativa del Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) en 2010, se ha dado una significativa coordinación de la agenda parlamentaria de formulación de leyes, el impulso institucional de diversas áreas públicas por el reconocimiento de derechos y la movilización de amplios sectores sociales a favor de la conquista de reivindicaciones largamente demandadas.

Este tipo de interacción entre los avances legales e institucionales y el camino de conquistas reclamado por los movimientos sociales, también han cristalizado en medidas como la Ley de creación del Programa Nacional de Educación sexual Integral (Ley 26.150); la Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres (26.485); la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental (26.657); así como la Ley de Identidad de Género. En el mismo sentido, instrumentos de gran importancia a nivel internacional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por Argentina mediante la Ley N° 26.378) y la actual discusión sobre la Convención sobre los Derechos de las los/as Adultos/as Mayores, ya han sido formulados desde la perspectiva de derechos humanos y en clave antidiscriminatoria.

 

IV. A partir del reconocimiento efectivo de todos los derechos fundamentales, de la elaboración de políticas antidiscriminatorias activas y de un compromiso del Estado Nacional con una perspectiva integral de derechos humanos, la Argentina se dirige a establecer un marco más amplio de inclusión, de la mano de la promoción de un cambio cultural necesario para combatir en forma estructural las fuentes de la discriminación y construir una sociedad con mayores espacios de representación, reconocimiento y participación ciudadana.

 

 

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